Por Iván Benumea, abogado del área de estrategias jurídicas La disminución de los ingresos petroleros y el clima de inestabilidad económica a nivel mundial, como la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea, han provocado que el Gobierno mexicano recorte el gasto público en dos ocasiones en lo que va de este año.

Al recortar el gasto, el Estado ha decidido destinar menos recursos para la inversión y la prestación de servicios, y muchas dependencias han reducido considerablemente su propuesto anual.
Cada recorte ha estado acompañado de un discurso oficial que defiende la necesidad de estas medidas para las finanzas públicas, además de la importancia de contar con un Gobierno austero y eficiente; sin embargo, uno de los rubros que conforme a la ley y al sentido común debe ser el primer rubro a recortarse, ha salido intacto de cualquier ajuste extraordinario: el gasto en comunicación social.
Los ingresos públicos son cada vez más reducidos, y se prevé que para 2017 el gasto público sea menor al año en curso. Los impactos de la reducción de nuestros recursos deberían mitigarse haciendo una revaloración de las prioridades gubernamentales y direccionando los recursos hacia las necesidades más urgentes; sin embargo, si los gastos en comunicación social no disminuyen o se limitan siquiera un poco, es probable que las pantallas televisivas, los anuncios en YouTube, la publicidad en Twitter y Facebook y los jingles radiofónicos sean utilizados como una especie de control de daños: a pesar de que las ecuaciones no hagan sentido, el Gobierno continuará derrochando recursos para avisarnos que México ?vive mejor? y que no hay nada de qué preocuparnos. Un primer paso hacia unas finanzas públicas más responsables y acordes a las necesidades sociales consiste en regular la publicidad oficial.
Peña Nieto ha sido omiso en cumplir con una de sus principales propuestas de campaña, pero es más grave aún que el Poder Legislativo no haya hecho nada al respecto. Y es que en dos ocasiones el Congreso se ha puesto fechas para crear una ley que limite y controle el gasto, pero ha incumplido con los plazos constitucionales que ellos mismos se impusieron en 2007 y 2014.
Año con año, el Gobierno federal, los gobiernos locales y el resto de entidades públicas gastan (y sobre-gastan) grandes cantidades de recursos de manera discrecional y opaca, sin planear ni controlar sus gastos, todo con el fin de elogiar sus logros e imágenes.
Aunque gracias a las exigencias de la sociedad civil hoy contamos con más información sobre los recursos erogados, la transparencia no ha sido suficiente para lograr que este problema disminuya.
Tan sólo en la primera mitad del sexenio de Peña Nieto, se han gastado más de 20 mil millones de pesos, mucho más de lo que cualquier presidente haya ejercido en los primeros años de su Gobierno.
En definitiva, ningún recorte o reducción al gasto público será legítimo en tanto la comunicación social no sea el primer rubro afectado, pero también deben darse pasos decisivos para que independientemente del contexto económico, la publicidad oficial no continúe siendo un derroche que sirva para promover las ambiciones personales de la clase política.
La austeridad y el uso responsable del gasto deben reflejarse en acciones concretas que impacten en la vida de la población, no en nuestras pantallas televisivas.