La marca de la casa del PRI de Enrique Peña Nieto en la segunda parte de su administración parece que será la impunidad frente a los actos de corrupción, violación de los derechos humanos, asociación delictuosa, enriquecimiento inexplicable y compra de votos que se avecinan para las próximas elecciones.
¿O cómo entender que se elija como ministro de justicia a Eduardo Medina Mora con antecedentes de corruptela, amiguismo y solapamiento? ¿O cómo entender también el caso del PVEM que viola la ley a su antojo para ganar más espacios en complicidad electoral con el priismo? O también ¿cómo entender que el gobierno federal se lave las manos en la caso de los estudiantes de Ayotzinapa mientras los familiares siguen pidiendo justicia o que se elija como procuradora general de la República a Arely Gómez vinculada con los directivos de Televisa? Hace apenas unos días, Peña Nieto y 200 invitados viajaron a Inglaterra en una gira que pareció ser más turística que de negocios.
La nota fue el despilfarro de la familia del presidente mexicano vistiendo ropa de miles de pesos para visitar a la reina de Inglaterra y asistir a una cena palaciega mientras en México hay 50 millones de pobres. Con el barco a la deriva en medio de la violencia del crimen organizado que no para en todo el país a pesar de la campaña mediática oficial que festina la detención de los cabecillas mientras el cuerpo de la delincuencia se multiplica, el PRI peñista se empeña en replicar la impunidad dejando libres a los supuestos autodefensas Hipólito Mora y Luis Antonio Torres El Americano responsables de la muerte de 11 personas en un enfrentamiento con tintes de crimen organizado el pasado mes de diciembre en Michoacán.
Y mientras miles de familiares siguen pidiendo justicia para castigar a quienes asesinaron o desaparecieron a sus seres queridos, ?muchos de ellos, autoridades protegidas por la ley-; mientras que organismos internacionales como la ONU afirman que en México la tortura es una práctica generalizada entre las autoridades mexicanas y mientras sigue aumentando el número de periodistas muertos o desaparecidos rebasando el centenar, el gobierno peñista sigue sin atender los 23 mil casos de desaparecidos.
Además, censura la información sobre los muertos por homicidios dolosos, le regresa a Raúl Salinas de Gortari miles de millones de pesos que hurtó de las arcas públicas cuando su hermano Carlos era el que controlaba a su antojo al país, deja libre al líder histórico del narcotráfico mexicano Rafael Caro Quintero, negocia con Televisa los nuevos canales de televisión, ofrece contratos millonarios con sus amigos empresarios de Higa, intenta privatizar el agua y se prepara para ganar lo suficiente para mantenerse en el poder en las elecciones del 7 de junio ofreciendo dinero, despensas y medicinas medrando con la pobreza con toda impunidad.
La impunidad proveniente del gobierno es la expresión más clara del autoritarismo y eso es lo que el PRI está construyendo desde ahora al debilitar a las instituciones de procuración de justicia, a las que organizan las elecciones, a las que pueden defender los derechos humanos o las que deberían dar seguridad social y al establecer la censura como una política de información.