Los bajos ingresos y los empleos informales que tiene la mayor parte de la población ocupada en México representan los principales obstáculos para que, de manera voluntaria u obligatoria, se incremente el monto de las contribuciones para las pensiones, coincidieron los especialistas en el tema Berenice Ramírez, secretaria académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y Enrique Díaz Infante, director del programa del sector de finanzas y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
No hay de dónde puedan ahorrar los trabajadores mexicanos. Los salarios que ganan no les alcanzan para cubrir lo más básico y eso es más grave que el envejecimiento de la población, consideró la investigadora.
Si bien dijo que son ciertas las cifras que el gobierno presume sobre el actual sistema de ahorro para el retiro, entre ellas que el ahorro de los trabajadores en México asciende a 2.7 billones de pesos y equivale a 14 por ciento del PIB, así como que existen 55 millones de cuentas individuales en las administradoras de fondos para el retiro (Afores), criticó que no diga que la tercera parte de las cuentas están paradas o inactivas ya que sólo unos 19 millones de trabajadores tienen un empleo formal. Díaz Infante precisó que los trabajadores que reciben sueldo representan apenas la mitad de la población económicamente activa, así que primero se debe incrementar el empleo formal para garantizar que cuenten con una pensión.
Coincidió con Ramírez en que el principal obstáculo para incrementar las aportaciones para las pensiones o el ahorro en general son los bajos ingresos laborales: Definitivamente. En la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, cuando a la gente se le pregunta por qué no ahorra, responde que no tiene dinero, pero agregó que también es un problema de conciencia.
Si bien el investigador calificó de positiva y necesaria la propuesta de incrementar el monto de las aportaciones, hizo notar que no se ha precisado a quién se le pasará ese costo: si a los trabajadores, al gobierno o a las empresas, las cuales aportan 5 de los 6 puntos porcentuales de las contribuciones obligatorias.
Lo más viable, dijo, es que el gobierno aumente su participación en las aportaciones, porque si se extrae de las empresas se agravará el problema de la informalidad y desincentivará el empleo.
El gobierno federal no se plantea siquiera que el fondo del problema de pensiones es el fracaso del crecimiento económico, señaló Berenice Ramírez. El gobierno se da cuenta de que las pensiones son muy bajas y considera que la solución es incrementar las aportaciones, pero el problema es que no se plantea ni ha hecho nada por incrementar los salarios.
Está preocupado porque se logre el crecimiento económico del país y la responsabilidad y fracaso de la Secretaría de Hacienda es no haber creado las condiciones que generen más empleos y mejores salarios, destacó la investigadora.
Enrique Díaz Infante aseveró que se debe perfeccionar el sistema actual y se manifestó a favor de que aumenten las aportaciones, lo cual coincide con la propuesta de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), a fin de que los trabajadores se retiren con una tasa de reemplazo (monto de la pensión respecto del salario promedio de los últimos cinco años laborados) mayor a la que se calcula ahora y que oscila entre 28 y 30 por ciento de su último salario, que resultará insuficiente para que esa población retirada y envejecida satisfaga sus necesidades básicas y también los gastos de salud.