El Instituto Nacional Electoral (INE) ha hecho mal uso administrativo de su presupuesto en la adquisición de inmuebles, mejoramiento de instalaciones y desarrollos inmobiliarios, señaló la contraloría interna del Instituto.
Obras millonarias rezagadas o canceladas, compra de inmuebles innecesarios y contratos a precio alzado que no fueron finiquitados son algunas de las anomalías mencionadas en el informe de la auditoría 2016. De acuerdo con la contraloría, para el mejoramiento de los Módulos de Atención Ciudadana (Macs), el Comité Técnico del Fideicomiso aprobó, el 31 de diciembre de 2015, una bolsa de 116 millones 850 mil pesos, de los cuales, al primer semestre de este año, habían ejercido y comprobado, sin que hubiera resultados visibles, apenas 18 millones 194 mil pesos, es decir, 15.6 por ciento del total. La contraloría menciona que, aún cuando desde 2014 se autorizaron 63.2 millones de pesos para la construcción de la nueva sede de la Junta Local Ejecutiva en Coahuila, las obras presentan un avance menor al 50 por ciento, cuando debieron ser terminadas el 13 de julio de 2015.
El contrato, firmado con las empresas Constructora y Comercializadora Milenio Quinto y Constructora Rotsen, se encuentra rescindido y en litigio. Señala la auditoría que, en 2015, se firmó un contrato por 43 millones 456 mil pesos con la empresa Desarrolladora de Proyectos y Obra Civil para la remodelación y adecuación de la Junta Local Ejecutiva de Jalisco.
La obra, que se debía terminar en abril pasado, en junio pasado presentaba un avance físico de 71.9 por ciento. En el proyecto de Jalisco tampoco existe justificación de conceptos anulados del catálogo relativos al suministro y colocación de equipos de aire acondicionado y de extracción, por un importe de 755 mil 416 pesos.
Cuestiona, además, que no se plantea reutilizar materiales y equipos incluidos en el inventario del inmueble antes de su remodelación. Para la construcción del edificio sede de la Junta Local Ejecutiva en Sonora, el INE destinó 78 millones 220 mil pesos en 2014. Empero, la contraloría detectó que se autorizaron pagos extra para trabajos que no corresponden al proyecto ejecutivo o sin justificación técnica. Agrega el informe que en la remodelación de la Junta Local Ejecutiva de Durango, que tuvo un costo de 30 millones de pesos, se autorizaron pagos para trabajos extraordinarios por 298 mil 249 pesos, los cuales no fueron justificados.
En el caso de las juntas ejecutivas de Nuevo León, Zacatecas y Quintana Roo, señala la auditoría que aun cuando los proyectos debieron estar listos para el primer semestre de este año, ni siquiera han realizado los proyectos ejecutivos.