El pasado 3 de septiembre, Amnistía Internacional publicó un análisis que da cuenta que al menos 7 mil personas trabajadoras de la salud han muerto en el mundo por COVID-19. Según su estimación, al menos mil 320 personas eran mexicanas. Los casos registrados por la Secretaría de Salud el mismo día eran mayores (mil 410 más otras 36 defunciones no aclaradas).

Sean peras o manzanas, México se convirtió en el país con la cifra más alta conocida en muertes de personas trabajadoras de la salud, superando a Estados Unidos, Reino Unido y Brasil.

Veamos número de contagios: al 25 de agosto, la Secretaría de Salud tenía contabilizados 97 mil 632 casos de COVID-19 de personas trabajadoras de la salud, entre 568 mil 621 casos totales confirmados. El diecisiete por ciento de las personas diagnosticadas en México son doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, o con algún otro tipo de ocupación relacionada a la atención de la salud. Un diecisiete por ciento.

Y esto trae a cuento el recuento. El 23 de abril, en plena fase 3 del COVID-19, el titular del Ejecutivo publicó aquel famoso decreto de austeridad (mal entendida) para la Administración Pública Federal, donde señalaba las prioridades de gasto y ejecución (entre programas sociales, Santa Lucía, Tren Maya, Dos Bocas, Guardia Nacional). El suministro de recursos materiales y financieros para proteger adecuadamente al personal de salud y los ciudadanos expuestos al coronavirus no se consideró prioritario. Por cierto que días después, el propio presidente demeritó a los médicos acusándolos de solo querer enriquecerse.

Supimos de muchas protestas del personal de salud por carencia de insumos médicos y equipo de protección para enfrentar la pandemia y peor aún, nos enteramos de muertes de médicos a los que les negaron la prueba de COVID o incluso fueron obligados a trabajar con síntomas de la enfermedad.

Fíjese usted. Tan solo en la Ciudad de México, el 11 de enero de 2020 la versión en línea de La Crónica de Hoy informaba que poco más de 8 mil médicos y enfermeras contratados bajo la modalidad de Estabilidad Laboral, Nómina 8, que desde 2014 laboran para la Secretaría de Salud local, exigieron a las autoridades bases definitivas y el respeto a sus derechos laborales. Según testimonios de trabajadores, no cuentan con ningún tipo de prestación como seguridad social completa, derecho a jubilación, pensión, créditos de vivienda ni antigüedad.

A finales de febrero, el Gobierno de la Ciudad anunció que estimaba recontratar a alrededor de 5 mil trabajadores del esquema de Estabilidad Laboral o Nómina 8, con una nueva estrategia para regularizar sus derechos laborales. Pero eran 8 mil en enero.

Y supimos de casos como el del doctor Uriel Elías Guzmán, quien falleció dejando a su viuda sin pensión y a sus hijas desprotegidas, a pesar de haber laborado desde 2011 para la Secretaría de Salud de la CDMX. Era médico legista en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde atendía a alrededor de 40 usuarios al día, y murió sin derechos laborales pese a su antigüedad.

O de los 174 médicos internos de pregrado, adscritos al Hospital General de México, que hasta junio no habían recibido ningún pago de su beca, de la que obtienen recursos para su formación, alimentación, servicios, transportes o para su material de protección.

Ante el rebrote que no es rebrote sino continuidad del brote, lo imperativo es corregir el rumbo. Y algo impostergable para ese diecisiete por ciento de las personas contagiadas, de aquellas que atienden la salud de todos es, al menos, el pleno reconocimiento de sus derechos laborales. Se les debe.