Segundas versiones nunca fueron mejores, así “Cuenta hasta diez” el intento de campaña de comunicación social del gobierno de la República para atender las violencias contra las mujeres en medio del confinamiento por la emergencia sanitaria que emula la campaña de una televisora en los años ochenta. La campaña quedó en un intento por el rechazo generalizado no sólo por anacrónica sino por estar totalmente fuera de lugar.

Cuando la campaña en los años 80 recomendaba contar hasta diez antes de pegarle a tus hijas o hijos, estábamos en una etapa en la que la violencia familiar era considerada un asunto doméstico, que se quedaba entre las cuatro paredes del hogar, era la época de “la ropa sucia se lavaba en casa”. Pero estamos a más dos décadas de haber sacado la violencia familiar de lo privado para ser un asunto público, donde las instituciones del Estado tienen responsabilidades para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres.

La problemática se planteó en forma expresa por primera vez en 1980, en la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, reunida en Copenhague. En una de sus resoluciones incluyó una titulada "La mujer maltratada y la violencia en la familia" donde se manifestó la necesidad de reconocer que los malos tratos inigidos a familiares "constituyen un problema de graves consecuencias sociales que se perpetúa de una generación a otra". Más adelante, en 1982, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC) reunido en Ginebra, resolvió que los PUBLICIDAD malos tratos contra mujeres, niñas y niños, la violencia en la familia y las violaciones, constituyen una ofensa a la dignidad del ser humano. Para 1985, la Conferencia Mundial de Nairobi por primera vez incluyó la violencia contra la mujer en la familia como tema relativo a la paz.

Dos antecedentes fundamentales, que dejan clara la esfera de actuación de los gobiernos en la violencia familiar fueron en 1986 cuando el ECOSOC reconoció a la violencia en la familia como una grave violación de los derechos humanos de las mujeres, y luego en 1992 cuando el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, adoptó una recomendación general en la que arma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación de género que los Gobiernos están obligados a eliminar

A fines de 1990, uno de los logros más significativos del movimiento de mujeres fue haber comenzado a traspasar la visión socialmente arraigada de que la violencia contra la mujer era un asunto privado. En 1995 la Asamblea General de la ONU urgió a los Estados parte a reforzar en las legislaciones nacionales, las sanciones penales civiles, laborales y administrativas, para castigar la violencia contra la mujer en el hogar, lugar de trabajo, en la comunidad y en toda la sociedad.

En México, en 1997, en el Congreso de la Unión se discutió y aprobó la ley de asistencia y prevención de la violencia familiar. Los debates de ese entonces se parecen mucho a los argumentos que hoy se pretenden usar para idealizar a la familia mexicana como fraterna y solidaria, pero que ya desde entonces se puso en evidencia que esa no era la realidad, en las familias se viven múltiples violencias, incluida la sexual y cobra la vida de muchas mujeres, niñas y niños cada día.

Reconocer la violencia contra las mujeres y niñas como un asunto público llevó muchos años y múltiples esfuerzos nacionales e internacionales, la actual campaña del gobierno pretende echarlos por la borda, pasa la responsabilidad a las víctimas de la violencia; estigmatiza como un asunto que solo afecta a ciertos grupos socioeconómicos; invisibiliza a las mujeres como principales victimas de la violencia familiar; y lo más preocupante, no da salidas ni asume la responsabilidad del gobierno para ponerle un alto.