Debido a que no se ha podido discutir ni aprobar aquellos temas que no figuran en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador, para Movimiento Ciudadano será una prioridad que se amplíen los periodos ordinarios de sesiones, planteó Martha Tagle.

La diputada federal afirmó que es preocupante el nivel de productividad que está teniendo el Poder Legislativo.

De todas las iniciativas presentadas a penas se ha aprobado 1.5% de la totalidad. En ese sentido, hay montones de iniciativas por discutir y aprobar. Las iniciativas que presentó Movimiento Ciudadano en Cámara de Diputados y el Senado están ahí rezagadas.

Comentó que las comisiones legislativas se han centrado en sacar la agenda que les ha impuesto el presidente de la República.

El Congreso de la Unión se ha dedicado a discutir las prioridades del presidente, si bien no todas son iniciativas presentadas por él, sí son temas de prioridad del Ejecutivo.

En ese sentido, enfatizó que para Movimiento Ciudadano es una prioridad para los próximos meses que se discuta una iniciativa para ampliar la duración de los periodos ordinarios de sesiones.

Nos parece necesaria esa discusión, sobre todo de cara a si se abre o no un periodo extraordinario, pero si estuviéramos más sesiones para discutir y aprobar iniciativas, no tendríamos la necesidad de estar convocando a periodos extraordinarios de sesiones.

En robo de hidrocarburos, urge aplicar la ley

La también exsenadora de la República refirió que más que modificar el Artículo 19 constitucional para establecer prisión preventiva oficiosa en el robo de hidrocarburos, lo que México requiere es aplicar la ley para que las personas que cometen delitos estén en las cárceles.

La diputada federal explicó que el robo de hidrocarburos ya es un delito grave y que lo que se discutirá en la Cámara de Diputados durante este periodo ordinario de sesiones es si se le incorporará o no prisión preventiva oficiosa.

Aseguró que Movimiento Ciudadano apoya la lucha del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el huachicoleo; sin embargo, dijo que más que modificar leyes, lo que se debe hacer es implementar correctamente el sistema de justicia.

La legisladora expuso que México ya cuenta con una ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos en el que se establecen multas y prisión a quienes cometan delitos en esa materia.

El problema que tenemos es que los ministerios públicos no están muy acostumbrados a investigar, no hemos invertido como Estado invertido en desarrollar las capacidades de los ministerios públicos para que integren una investigación bien integrada, que no se caiga, con pruebas, para que una vez integrada quienes están cometiendo un delito puedan ser presentados ante un juez.

Planteó que habrá de analizarse con profundidad la posibilidad de establecer la prisión preventiva oficiosa para cualquiera que cometa el robo de hidrocarburos, pues ello podría violar los derechos humanos al no considerar la presunción de inocencia e incluso de desventaja al momento de emprender su defensa jurídica.

Por ejemplo, dijo, si cuando ocurrió la explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo ya hubiera estado establecida la prisión preventiva oficiosa para el robo de hidrocarburos, los pobladores que acudieron con bidones, debieron ser remitidos ante un juez.

La diferencia, al convertir la prisión preventiva en oficiosa, es que los pobladores que iban con su garrafa iban a ser remitidos al juez por estar el robo de hidrocarburos en la lista que merecen prisión preventiva oficiosa, los mandarían a la cárcel. Quien tiene una garrafa y quien tiene una pipa tendrían que defenderse y demostrar que son inocentes. Estaríamos generando condiciones de desventaja para quienes no roban en grandes cantidades.

La legisladora señaló que es necesario castigar a quienes trafican con el robo de hidrocarburos, para lo cual será necesario combatir las redes de corrupción.

Eso requiere un trabajo de investigación, detectar la ruta del dinero, ver dónde están los puntos de distribución clandestino. Todo se debe integrar en una investigación y entonces la Fiscalía General de la República tiene la facultad de proceder ante los jueces y ellos estarían obligados de llevarlos a las cárceles.