Establecer que la Defensoría Pública en materia penal y a la asesoría jurídica para Pueblos y Comunidades Indígenas cuente con el personal necesario para el adecuado desempeño de sus funciones, esto es, peritos, intérpretes, traductores y profesionales bilingües y asesores jurídicos bilingües indígenas; y, realizará las gestiones necesarias para celebrar convenios de colaboración con las instituciones que puedan coadyuvar a la obtención de estos fines.