• La Cobranza Delegada busca embargar de facto hasta el 45% del salario del trabajador. La Ley beneficia a quienes otorgan créditos, no a las y los trabajadores que adquieran un crédito.

• “No hay nada bueno en este dictamen. Es falso que beneficie a los trabajadores, beneficia a quienes venden bienes a crédito. Ponen los ingresos de los más pobres en las manos de los más ricos”: Salvador Caro

La Bancada Naranja rechaza el dictamen de Cobranza Delegada por ser una Ley a la medida de entidades crediticias que venden bienes a crédito, en detrimento de derechos laborales y que violenta la Constitución. El dictamen aprobado por Morena y aliados, da certeza jurídica solamente a quienes otorgan créditos y embarga de facto el salario de las y los trabajadores.


El dictamen abre la puerta a que el salario de las y los trabajadores sea disminuido por adquirir algún crédito sin oportunidad de determinar el margen de descuento, ya que solamente el empleador y la entidad crediticia podrían acordar el porcentaje salarial que será detenido. Su intención es acceder a la retención del 45%. Tampoco se fija cuál será la tasa de interés de los créditos, abriendo la puerta al crecimiento incontrolable de deuda.


La aprobación viola los artículos 5, 28 y 123 constitucionales y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que permite embargar sólo hasta el 30% del excedente salarial. Vulnera el carácter inembargable del salario establecido en la Constitución y fomenta prácticas de usura y cobros excesivos por parte de los bancos. Lo peor, no da ninguna herramienta de protección para la o el trabajador.

En tribuna, Salvador Caro como integrante de la Comisión de Hacienda, denunció que el dictamen va en contra de las personas más desfavorecidas, puesto que al adquirir un crédito la Ley los deja sin protección, al no garantizar que reciban su salario íntegro para cumplir con sus necesidades básicas.



La Bancada Naranja rechaza este dictamen porque va en contra de ampliar las opciones de financiamiento para sectores desfavorecidos que buscan adquirir bienes o servicios a través de opciones de crédito. Esta Ley va por las nóminas del país y pone en riesgo el patrimonio de quienes adquieran un crédito.