El crimen organizado carcome a diario la seguridad nacional; por ello el diputado Germán Ralis presentó una iniciativa que reforma el artículo 18 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro; sobre todo en lo que concierne a miembros policiacos como perpetradores. "La parte más preocupante, es que en los secuestros encuentra una participación directa de policías federales en un 75% de lo casos. Se sabe de la existencia de cárteles de policías secuestradores, como El Cártel de la Charola, integrado por más de 6,500 policías con influencia en todo el país", comentó Ralis.

El diputado Ralis subrayó que tener tantos policías involucrados en secuestros, ocasiona que las víctimas no denuncien por temor a represalias; esto crea impunidad para los secuestradores y les da libertad para delinquir. Sólo 1 de 43 secuestros se denuncia. Esta reforma tiene el objetivo de evitar que cualquier servidor público de las fuerzas policiacas que participe en un secuestro y haya sido sentenciado vuelva a tener un cargo similar.

"No podemos seguir proporcionando entrenamiento y armas a los secuestradores, debemos tomar medidas para evitar sentirnos inseguros ante nuestras fuerzas de seguridad, debemos implementar controles más confiables que logren diferenciar entre los buenos policías y los que solo usan a la institución para delinquir", añadió Ralis.

Ante el desarrollo tecnológico actual, garantizar la privacidad y seguridad en herramientas digitales requiere leyes que regulen el espionaje. La diputada María Elena Orantes propone reformar y adiciona diversos artículos del Código Penal Federal (210, 211 y 211 Bis 7) y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (173).

"Hemos encontrado que, a pesar del marco legal, la intrusión en cuentas de correo y la intervención en comunicaciones privadas, fijas o móviles, constituyen vulnerabilidad para empresas, instituciones, tomadores de decisiones, ciudadanas y ciudadanos. Son un riesgo para la democracia y una debilidad para nuestra economía", comentó Orantes.

La diputada Orantes también mencionó que las consecuencias de la falta de legislación son: espionaje industrial, acciones de la delincuencia organizada para eludir a las autoridades y en campañas negras que, bajo la impunidad, no derivan en rendición de cuentas de los involucrados, pero sí deterioran el debate democrático y el prestigio de nuestras instituciones.

Por otra parte, la diputada Sofía Corichi García, presentó una iniciativa para añadir un impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), a los productos nocivos o no indispensables para la alimentación o el consumo básico. Esta propuesta reforma los artículos 2o. y 8o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. "Diversos estudios aseguran que el consumo diario de embutidos aumenta el riesgo de desarrollar cáncer en un 21 por ciento, a tal punto que se compara con los riesgos del tabaquismo", argumentó la diputada.

Este impuesto pretende afectar en hábitos alimenticios de los mexicanos para prevenir enfermedades terminales causadas por químicos añadidos a los embutidos y carnes. Al respecto, la diputada Corichi mencionó: "hablamos de un cambio real en la manera que nos alimentamos y producimos. Sobre todo, eliminaríamos una de las principales causas de cáncer en México y llamaríamos a los productores para que tengan más atención y disminuyan estos riesgos".

Para que los recursos destinados en programas gubernamentales, lleguen a manos de los beneficiarios y se promueva el bienestar de la población, el diputado Adán Pérez hizo una propuesta para reformar el artículo 73 de la Constitución. Esto para que la Cámara de Diputados pueda expedir Leyes Generales para regular la operación de los programas sociales en todos los niveles de Gobierno.

El diputado comentó que las reglamentaciones actuales son instrumentos inflexibles, y evitan que los beneficiarios puedan acceder de manera pronta y sin obstáculos a los recursos que les corresponden; no cuentan con los suficientes elementos que garanticen su viabilidad, y los llamados criterios de focalización, cobertura, demanda y de población objetivo, son tan rígidos que no permiten resolver las diferentes problemáticas regionales.

Añadió que la burocracia asigna los recursos discrecionalmente, y lo destinado a subsanar desigualdades de los sectores más vulnerables o para alcanzar metas de crecimiento, desarrollo y pleno empleo, se quedan en buenas intenciones. Por ello, es necesario un marco jurídico en el que se establezcan los lineamientos que eviten despropósitos y permitan Reglas de Operación destinadas a facilitar el acceso a los recursos por sus beneficiarios, con enfoques que tomen en cuenta la diversidad regional a fin de integrar el desarrollo económico, social y cultural en el país.

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano