Las desapariciones forzadas en nuestro país son un problema ?generalizado?, de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Comité contra la Desaparición Forzada, ambos de la ONU. Por ello, ha sido preocupante que algunos funcionarios de primer nivel del Gobierno Mexicano nieguen de manera sistemática la existencia y la dimensión de este fenómeno.
Para la Bancada de los Ciudadanos, el primer paso para combatir y enfrentar este problema, desde una política de Estado, es reconocerlo.
La iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo para expedir la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, presenta varios aspectos positivos, dado que recoge algunas de las principales recomendaciones hechas por los organismos internacionales mencionados; sin embargo, su propuesta no contempla otras que resultan fundamentales para combatir este problema y tampoco considera todas las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil nacionales, como las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM) y las agrupadas en la ?Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada?.
Puntualmente son tres los aspectos de la iniciativa del Ejecutivo que nos preocupan: 1) no se dota de mayor autonomía a las fiscalías especializadas, para que no estén sometidas a los intereses de la Procuraduría General de la República y los Poderes Ejecutivos locales; 2) no incluye como sujetos activos del delito a los integrantes de los cuerpos de seguridad y a los militares, que podrían quedar fuera de la categoría de ?servidores públicos?; 3) el Registro Forense que contempla la iniciativa debe garantizar la creación de un archivo o banco nacional de datos genéticos y de un instituto nacional de antropología forense autónomo que realice los exámenes periciales pertinentes.
Lo más importante para los Diputados Ciudadanos en la confección de esta norma, como un elemento central de la agenda de derechos humanos de nuestro país, es que debe realizarse con la mayor apertura e inclusión, recogiendo las voces de especialistas, organizaciones de la sociedad civil, y fundamentalmente, asociaciones de víctimas. Por lo que exhortamos al Congreso de la Unión, en sus dos Cámaras, a iniciar un proceso de consulta y participación para la dictaminación de la Ley General en materia de desapariciones forzadas.
Independientemente de la decisión del Congreso, los Diputados Ciudadanos convocaremos a las organizaciones civiles dedicadas al tema, a los especialistas y a las asociaciones de víctimas que quieran contribuir a la construcción de la legislación general en materia de desapariciones forzadas, así como a los organismos internacionales de derechos humanos, con el objetivo de alcanzar una legislación modelo en Latinoamérica, capaz de contribuir a atajar la grave crisis de derechos humanos por la que atraviesa nuestro país.