El coordinador de los Diputados Ciudadanos, Clemente Castañeda, presentó una iniciativa para reformar el artículo 134 de la Constitución, derogar el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales, y reformar el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social con el propósito de limitar y regular la publicidad oficial.
La Bancada Ciudadana propone limitar la publicidad a contenidos de salud, protección civil y turismo; la creación de un Instituto autónomo y ciudadano para regular los contenidos y las características de la publicidad; vigilar el destino de los recursos, la transparencia y fijar topes de gasto; eliminar la auto promoción en informes de gobierno; y regular la publicidad en materia de política social.
El objetivo de estas reforma es limitar y regular la publicidad gubernamental en los tres órdenes de gobierno, ya que se observa un despilfarro de recursos públicos sin racionalidad, disciplina y rendición de cuentas.
En la sesión de la Comisión Permanente, el coordinador de los Diputados Ciudadanos mencionó que pese a la compleja situación económica, no se han desterrado prácticas de derroche y una de las muestras más elocuentes es el gasto en publicidad gubernamental, un apartado excesivo, discrecional y opaco. Castañeda mencionó que el gasto en publicidad oficial es una fuente de despilfarro y poca disciplina financiera, pues es práctica común en la mayoría de los gobiernos el sobre ejercicio en gastos de publicidad y comunicación, es decir, gastan más de lo que presupuestan.
Citó que el gasto en este rubro se ha disparado desde el año 2000. En el análisis de la Cuenta Pública 2014 se observa un sobre ejercicio de casi 3 veces más de lo presupuestado, mientras se etiquetaron 2,600 millones de pesos, se terminaron gastando 7,500 millones. En 2013 el sobre ejercicio también fue de alrededor del 35 por ciento: se etiquetaron 4,700 millones y se gastaron 7,200 millones.
Para 2016, se tienen presupuestados 3,500 millones de pesos, pero con esta tendencia de sobre ejercicio, se estima que se terminarán gastando más de 8,000 millones de pesos.
?Estos datos muestran una deficiente disciplina presupuestal y una cuestionable orientación del gasto público, en un contexto de vulnerabilidad financiera por la que atraviesa el Estado mexicano?, dijo.
Para Castañeda, es preocupante que en los ajustes presupuestales anunciados por el Gobierno, no se recortó ni un sólo peso a las partidas de comunicación y publicidad oficial, y parecería que se tratara de un tema al que la clase política no quisiera prestarle atención, a pesar de que resulta evidente el ahorro que generaría al erario público una política presupuestal disciplinada, transparente y racional en publicidad gubernamental.