El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, como lo anunció el día de ayer, ha comenzado a diseñar una estrategia para combatir los artículos controvertidos de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, en particular los artículos 29 y 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En primer lugar, reiteramos nuestro llamado al Presidente de la República para que ejerza sus atribuciones y remita observaciones al decreto aprobado por el Congreso de la Unión, con fundamento en el inciso C del artículo 72 constitucional, con el objetivo preciso de corregir el artículo 29 de la mencionada ley, de tal manera que sea fiel a la iniciativa ciudadana 3 de 3, y también de corregir el artículo 32 de la misma, de manera que no se extralimite en la invasión de la vida de personas físicas y entes privados.

Por otra parte, si el Presidente de la República decide no ejercer sus atribuciones constitucionales, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ha comenzado a diseñar dos estrategias jurídicas adicionales:

1) Hemos iniciado el diálogo con otras fuerzas políticas para que, en caso de que el Ejecutivo publique estas reformas, se promueva una acción de inconstitucionalidad, con fundamento en el artículo 105, fracción II, inciso a) de la Constitución, que faculta al 33 % de los integrantes de la Cámara de Diputados, es decir, 165 legisladores, para promover este instrumento jurídico.

2) De manera paralela, consideramos pertinente diseñar una estrategia jurídica para que los ciudadanos que se vean afectados por la mala redacción de estos artículos, promuevan los amparos respectivos, de tal manera que el asunto tenga que ser revisado a fondo y en última instancia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es importante recalcar que la Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor hasta un año después de su publicación, de tal manera que, durante ese periodo, se podrían preparar las mencionadas estrategias jurídicas e interponer las que fueran procedentes, como la acción de inconstitucionalidad.