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Denuncia Diputados Ciudadanos acoso del Estado a nahuas de Jalisco

17 Diciembre 2015

Denuncia Diputados Ciudadanos acoso del Estado a nahuas de Jalisco

Diputados federales y locales de Movimiento Ciudadano denunciaron este viernes que la detención del líder indígena Miguel Monroy por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco es un eslabón más de una cadena de injusticias y arbitrariedades contra la comunidad Nahua del sur de la entidad.
Miguel Monroy, quien es delegado del poblado de Ayotitlán en la Sierra de Manantlán ante el Consejo Estatal Indígena, fue detenido por elementos de la Fiscalía estatal el pasado 16 de diciembre, acusado de un supuesto delito de despojo.
Jaime Hernández, abogado de la Unidad de Apoyo de Asuntos Indígenas de la Universidad de Guadalajara y representante legal de Monroy, denunció que la Fiscalía estatal montó un operativo en la sierra para tratar de aprehender a 22 líderes de la comunidad indígena, aprovechando que la mayoría se encontraban reunidos en la plaza pública preparando las festividades navideñas.
El motivo es una denuncia por despojo promovida por un invasor del Ejido de Ayotitlán, quien no ha podido comprobar ante los tribunales agrarios que es el legítimo propietario de los predios en disputa, afirmó el abogado Hernández.
En rueda de prensa, Verónica Delgadillo, diputada federal, recordó que Movimiento Ciudadano levantó la voz desde la desaparición, en noviembre de 2012, de Celedonio Monroy, caso que la Fiscalía sigue sin resolver.
También apuntó que hace dos años y medio denunciaron la detención arbitraria de Gaudencio Mancilla, otro de los líderes de la comunidad nahua, acusado de intentar conformar una policía comunitaria.
?Hay una violación sistemática de los derechos de las comunidades indígenas y las autoridades no se han hecho responsables ?, manifestó Verónica Delgadillo.
?La comunidad asentada en la sierra de Manantlán ha sido blanco de una persecución del Estado porque han favorecido de manera ilegal las aprehensiones de Miguel Monroy y de Gaudencio Mancilla?, agregó.
El diputado federal Víctor Sánchez afirmó que la procuración de justicia en el caso es sesgada y parcial, pues los indígenas que han estado protegiendo sus tierras no tienen los recursos económicos para defenderse, mientras que los intereses privados establecidos en la región, han estado corrompiendo la justicia en contra de los indígenas
"Los Diputados Ciudadanos hacemos un llamado a una Fiscalía que actúe conforme a la ley y a derecho y no prestarse a intereses mezquinos. No vamos a parar en esto, vamos a apoyar en las instancias legales necesarias para la defensa de esta comunidad y líderes que lo único que hacen es defender lo que les pertenece"
Fela Pelayo, Diputada Ciudadana en el Congreso de Jalisco, en su calidad de presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas apuntó que detrás de la detención de Miguel Monroy hay una falta de respeto del Gobierno hacia los órganos de decisión de las comunidades indígenas.
"Las asambleas comunitarias indígenas son piezas claves de los usos y costumbres avalados por el artículo cuarto de la constitución mexicana y por lo tanto deben ser respetadas", afirmó Pelayo.
Movimiento Ciudadano ha demostrado un compromiso firme con la defensa de los derechos humanos. No seremos aval de un gobierno que cierra los ojos ante poderosos intereses, relacionados con las mineras que operan en la región, y se ensaña contra los más pobres.
Exhortamos a las autoridades estatales a liberar inmediatamente a Miguel Monroy y a Marciana de los Santos López, quienes fueron detenidos por la Fiscalía estatal, y exigimos al Estado que garantice la integridad de los detenidos y repare el daño ocasionado.
En los próximas días, los Diputados Ciudadanos presentaremos un punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigue las presuntas violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas de Jalisco.
En el punto de acuerdo que se propondrá ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión también se exhorta al Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, a que promueva, respete y proteja los derechos humanos de los pueblos indígenas en la entidad.